La Convención de los Derechos de los Niños en Colombia

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos de los Niños el 2 de noviembre de 1989. La Convención constituye el marco fundamental a partir del cual los gobiernos desarrollan sus políticas para la niñez y la adolescencia. El Congreso de la República de Colombia, la ratificó por medio de la ley número 12 de 1991. El Gobierno Nacional debe asegurar su aplicación y, debido a su condición de ley, el país debe cumplirla y respetarla.

Reserva de Colombia

El Gobierno Nacional de Colombia adoptó el Protocolo adicional a la Convención de los Derechos de los Niños propuesto por la ONU, que busca elevar de 15 a 18 años la edad mínima para ser parte de las fuerzas armadas. El Congreso de la República de Colombia decretó en 1999 la Ley 548 que prohíbe taxativamente la vinculación de los menores de 18 años en el servicio militar obligatorio.

Declaración de Colombia

Colombia, siguiendo los lineamientos de la Convención, la Asamblea Nacional Constituyente reformó la Carta Magna e incluyó el criterio y los principios de protección integral de la niñez en su doble dimensión: garantía de los derechos de los Niños y protección en condiciones especialmente difíciles. Además, establece la responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, en la obligación de asistir y proteger a los niños y las niñas para asegurar su desarrollo armónico integral en ejercicio pleno de sus derechos.

Acciones posteriores a la incorporación de la convención

Desde comienzo de la década de los 90’s, luego de suscribir e incorporar en la legislación nacional la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Colombia se ha propuesto diseñar y desarrollar Planes de Acción específicos para dar vigencia a los derechos de los niños y niñas. El país se ha empeñado en ofrecerle a la infancia las mejores condiciones para el ejercicio pleno de sus derechos. Los siguientes hechos son muestra del interés y compromiso del país para enfrentar la problemática de la niñez en el país.

- La ratificación de la Convención y la consagración de los derechos Fundamentales de la niñez en la Constitución Política de 1991, donde se establece que sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás.

- Legislación por la infancia, la formulación y puesta en marcha en los últimos 10 años del Plan de Atención en Favor de la Infancia (PAFI), en el que adopta las metas de la Cumbre mundial en favor de la infancia de 1990 y prioriza a la niñez en la agenda política, económica y social del Estado.

- El desarrollo del programa para la Erradicación paulatina del Trabajo Infantil y la Protección del Joven trabajador.

- Inclusión de la situación de la niñez en los Planes de Desarrollo de los gobiernos desde 1990 hasta el 2002.

- Propuesta de revisión, actualización y desarrollo del Código del Menor, iniciando con la de responsabilidad penal juvenil.

- La creación del Programa Rumbos promovido por la Presidencia de la República orientado a afrontar el problema del incremento en el consumo de drogas y substancias psicoactivas en la población de niños, niñas y adolescentes.

- El Proyecto Enlace orientado también a la prevención del consumo de drogas, que vincula al Ministerio de Educación, ICBF y otros organismos públicos.

- La reforma en proceso al ICBF como Organismo Rector del Sistema de Bienestar Familiar, promovida por su actual Director y orientada a impulsar el proceso de descentralización y optimizar la función del Instituto.

- La adopción por parte del ICBF del enfoque de derechos y la doctrina de la Protección integral como marco ético para la planeación, seguimiento, evaluación y asesoría a las instituciones vinculadas al Sistema nacional de Bienestar Familiar.

- El Plan Nacional de Alimentación y nutrición orientado a impulsar el logro de la metas establecidas en Seguridad Alimentaria y mejoramiento de las condiciones nutricionales de la población.

- El Plan Nacional contra la violencia intrafamiliar, orientado a promover las buenas relaciones intrafamiliares y contribuir a la construcción de una cultura de convivencia pacífica. El actual gobierno ha dado especial prioridad a la prevención y atención del maltrato y la violencia intrafamiliar a través del Programa Haz - Paz.

- La presentación de un proyecto de ley, actualmente en trámite en el Congreso de la República, orientado a fortalecer la normativa sobre prevención y control de la prostitución infantil y el abuso sexual.

- La ley de juventud dirigida a reconocer y promover la participación de los jóvenes y a mejorar la oferta y calidad de servicios de salud, educación y capacitación para el trabajo, entre otros. A pesar de todos los esfuerzos la situación general del país ha afectado negativamente la situación de la infancia, niñez y adolescencia, y las violaciones a sus derechos continúa siendo importantes, como se puede observar en la siguiente síntesis de los indicadores más importantes.

La Niñez y la Juventud en la Constitución Nacional

Artículo 13

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Artículo 44

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

Artículo 45

El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.

Artículo 50

Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia.

Artículo 67

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectualy física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condicionesnecesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.