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LAS NUEVE PRIORIDADES DE LA INFANCIA EN COLOMBIA

“Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia” es la estrategia- integral de origen estatal- que mejora las condiciones de vida de la infancia y de la adolescencia y, sirve de herramienta práctica y de apoyo a los funcionarios públicos de todo el país. En ella, se enfatiza sobre ocho temas prioritarios que hacen parte de las cuatro áreas de derechos de la niñez: vida y supervivencia, educación y desarrollo, participación y, protección.

Después de ser aprobada la iniciativa, se encargó al ICBF de seguir y evaluar los indicadores relacionados con cada una de las ocho áreas temáticas; a la PGN, de la vigilancia preventiva a las políticas públicas de infancia y adolescencia y a UNICEF, como responsable de las funciones de apoyo técnico.

Adicional a las entidades anteriormente mencionadas, están participando y apoyando este proyecto: el Departamento de Planeación Nacional, la Contraloría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Igualmente, se tiene el respaldo de la Federación Colombiana de Departamentos, la Federación Colombiana de Municipios, el Ministerio de Protección Social, el Instituto Nacional de Salud, el Servicio Nacional de Salud, el Servicio Nacional de Aprendizaje, La Asociación Colombiana de Pediatría, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Oficina Internacional del Trabajo y la Organización Internacional para las Migraciones.

Las prioridades escogidas son: salud materna, salud infantil, nutrición, salud sexual y reproductiva, agua potable, registro civil, educación, protección especial y participación. Estas temáticas fueron definidas en la Asamblea de Gobernadores de Neiva del 22 de abril de 2005, teniendo en cuenta los resultados que reveló la investigación y revisión de los planes de desarrollo de todo el país.

La estrategia estable tácticas preventivas y orientadas a la promoción y garantía de los derechos de los niños, las niñas y la adolescencia; además, recomienda algunas pautas de protección especial para aquella población menor de 18 años que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, proyecta sus acciones a partir de cuatro enfoques específicos: derechos, poblacional, territorial y evaluación por resultados.

El enfoque de derechos se fundamenta en las disposiciones de la Convención Internacional de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y aprobada por la ley 12 de 1991. A partir de ello nace la “doctrina de la Protección Integral que se sustenta en la noción de los niños, como sujetos de derechos y en principios de participación y corresponsabilidad”

El poblacional, se enfoca en el análisis de políticas, planes y programas sociales, en este caso, los niños, las niñas y los adolescentes. Con ello se pretende ver la infancia desde una perspectiva integral del ser humano: capacidades, desarrollo, intereses y necesidades.

El territorial, se fundamenta a partir del ideal constitucional sobre un Estado Social de Derecho, en el cual interactúan diversos actores sociales, formas de relación, escenarios, entre otros. Por ello, es importante, fortalecer a la población en varios aspectos con el objetivo de lograr una democracia más participativa.

La evaluación por resultados busca analizar de que manera ha cambiado la situación en términos de gestión, es decir si ha mejorado o es necesario la elección de nuevas tácticas. Precisamente, se requiere incorporar la planeación local y el diseño de los indicadores adecuados para hacer el seguimiento y análisis correspondiente a los resultados de la estrategia implementada.

En conclusión, se espera que la estrategia sea llevada a la acción, con el fin de elevar el nivel de vida de la niñez y adolescencia en Colombia y con ello, formar un modelo de país que tiene como prioridad su gente.


Conozca los indicadores principales y complementarios para cada una de las prioridades

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PRIORIDAD No. 1

LA SALUD MATERNA
, además de ser un reflejo de las condiciones médicas del acceso a los servicios sociales básicos por parte de las mujeres durante la gestación, el parto y el posparto, indica también el grado de desarrollo de un país y su capacidad para garantizar los derechos humanos de su población.

Las discapacidades y las muertes que ocurren como consecuencia del embarazo y del parto tienen consecuencias dramáticas y duraderas no sólo sobre las mujeres, sino sobre sus hijos y sobre el grupo familiar.

Más del 90% de las muertes maternas son evitables con cuidados básicos prenatales y atención adecuada durante el parto. La prevención de la mortalidad materna y la promoción de la salud de las madres son requisitos indispensables para avanzar hacia el pleno cumplimiento de los derechos de los niños.

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PRIORIDAD No. 2
EL DERECHO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A LA VIDA Y LA SALUD

La Constitución Política señala que la vida, la integridad física y la salud, entre otros, son derechos fundamentales de los niños y las niñas. Gozar de buenas condiciones de salud es para los niños y niñas un requisito esencial para que puedan aprender, desarrollar sus capacidades y adquirir las aptitudes necesarias para una vida en sociedad. Las inversiones públicas orientadas a garantizar la supervivencia y la buena salud de los niños durante los primeros años de vida tienen una alta rentabilidad social, ya que conducen a un mayor rendimiento académico, una mayor productividad en el futuro y, además, contribuyen a la disminución de la pobreza y la desigualdad.

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PRIORIDAD No. 3
EL DERECHO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS A LA IDENTIDAD

El derecho de los niños y las niñas a la identidad abarca los derechos al nombre, a la nacionalidad y a la familia. El derecho al nombre se formaliza a través del Registro de Nacimiento. Este registro permite a los niños acceder a las políticas y programas públicos que promueven la supervivencia, el desarrollo y la protección integral.

El registro civil de nacimiento es de vital importancia porque, además de formalizar su derecho al nombre, le permite a los niños y niñas acceder a los servicios sociales básicos que el Estado colombiano está obligado a proporcionar.

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PRIORIDAD No. 4
EL DERECHO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A LA BUENA NUTRICIÓN.

Este derecho está protegido por la Convención de los derechos del Niño y por la Constitución política de Colombia. Sin embargo, el bajo peso al nacer y la desnutrición afectan a un número importante de niños y niñas colombianos. Los recién nacidos con bajo peso tienen un riesgo significativamente mayor de enfrentar, desde los primeros momentos de su vida, serios problemas de salud y desarrollo. Por su parte, la desnutrición aumenta la probabilidad de enfermedad y de muerte de los niños y reduce su capacidad de aprendizaje y bienestar.

La lactancia materna es un componente fundamental de la nutrición infantil que facilita el desarrollo cognitivo, protege a los niños y las niñas de la enfermedad diarreica, de las complicaciones de las infecciones respiratorias agudas y otras enfermedades típicas de la infancia.

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PRIORIDAD No. 5
EL DERECHO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS AL DESARROLLO Y A LA EDUCACIÓN

La Convención sobre los derechos del niño y la Constitución política de Colombia hacen referencia al derecho de los niños y niñas a una educación de calidad.

La Constitución plantea que la educación debe ser asequible para todos, con contenidos relevantes para el desarrollo humano, la paz y la democracia, afianzada en el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos, capaz de integrar a las familias y a los alumnos en el gobierno escolar.

La educación es un proceso que inicia desde la gestación, por lo cual, esta etapa y los primeros tres años de vida son decisivos para el futuro de los niños y las niñas.

El acceso a una educación de calidad desde los primeros años de vida, permite a los niños y niñas desarrollar su potencial, acceder a mejores condiciones de vida y adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para desempeñarse en las esferas sociales, políticas, culturales y económicas.

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PRIORIDAD No. 6
EL DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

La adolescencia es uno de los períodos más complejos y fascinantes de la vida humana, durante el cual los individuos atraviesan por grandes cambios físicos y emocionales, cuestionan su identidad y empiezan a entender y a vivir su sexualidad. La adolescencia representa un momento privilegiado para incidir de forma positiva sobre la vida de las personas. Durante esta etapa, las decisiones que se toman y los hábitos que se forman pueden tener repercusiones para toda la vida.

Las condiciones de pobreza, el bajo nivel educativo, las pocas posibilidades de educación superior, el desempleo y la baja autoestima, son algunas de las causas subyacentes que conllevan al embarazo y a la incidencia de las infecciones de transmisión sexual en los adolescentes. El acceso a información y a servicios de salud sexual y reproductiva protege a los adolescentes de riesgos como el VIH y el embarazo temprano y los prepara para asumir su sexualidad de forma responsable y segura.

Las políticas de salud sexual y reproductiva deben brindar a todas las personas, desde la adolescencia temprana y hasta la edad adulta, los conocimientos y las habilidades necesarias para estar saludables y tomar decisiones responsables sobre su sexualidad.

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PRIORIDAD No. 7
EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO.

La Constitución política señala que la vida, la integridad física, la salud, la alimentación equilibrada y el ambiente sano son, entre otros, derechos fundamentales de los niños y las niñas. Así mismo, la carta política establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es su deber asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. En tal sentido, corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar su prestación conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Considerando que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son las finalidades sociales del Estado, éste debe orientar sus acciones hacia la solución de las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable. Por lo tanto, el gasto público social, entendido como el gasto público en educación, salud, nutrición, seguridad social, vivienda, agua y saneamiento, debe tener prioridad sobre cualquier otra asignación en los planes y presupuestos de la nación y de las entidades territoriales.

Las enfermedades y las infecciones ligadas al agua contaminada y a los ambientes insalubres son la causa de un porcentaje significativo de las muertes y de la desnutrición de la población infantil en Colombia. La diarrea, el cólera y otras enfermedades relacionadas con la contaminación del agua causan enfermedades serias y, en muchos casos, la muerte de los niños.

Garantizar que los servicios de agua potable y saneamiento básico se presten eficientemente, especialmente a las poblaciones menos favorecidas, es una obligación inherente con las finalidades del Estado colombiano, que va de la mano con una mejora sustancial de la calidad de vida de las personas.

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PRIORIDAD No. 8
EL DERECHO A LA PROTECCION INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

De acuerdo con la Convención de los derechos del Niño y según la Constitución política de Colombia, todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a gozar de las mismas oportunidades de vida sana y desarrollo pleno.

Sin embargo, cuando las políticas universales y preventivas fallan, los niños se pueden ver en condiciones de vulnerabilidad o enfrentar la violación de sus derechos.

En el país hay un número considerable de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta situación: los niños maltratados, los que viven en la calle, los desplazados internos y refugiados, las víctimas de la trata y de la explotación sexual y económica, las víctimas del abuso y la violencia, las víctimas del conflicto armado y los infractores de la ley penal, entre otros.

Para estos casos es necesario aplicar medidas de protección especial, de tipo judicial, educativo o asistencial, orientadas a prestar apoyo y protección especial a los niños, niñas y adolescentes afectados y restituir los derechos vulnerados.

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PRIORIDAD No. 9
EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES.

 


 



9. El derecho a la participación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes

 

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