EL PROYECTO DE LEY INTEGRAL DE INFANCIA

Preguntas y respuestas de UNICEF



1. ¿Por qué un Proyecto Integral?

El Estado colombiano ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño mediante la Ley 12 de 1991. De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los Estados que ratifican tratados o convenciones, adquieren en el momento del acto de ratificación unas obligaciones inaplazables, en especial la de incorporar en el menor tiempo posible el contenido y alcance de dichos instrumentos en las normas jurídicas internas, así como la de exigir a las autoridades públicas la no aplicación de normas domésticas que sean contrarias al espíritu de los principios contenidos en ellos. Los Estados que ratifican los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos se someten al examen de los distintos comités que integran las Convenciones, exámenes que dan como resultado observaciones y recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta y acatadas por los Estados Partes. Los dos informes y recomendaciones del Comité de derechos del Niño a Colombia hacen énfasis en la necesidad de hacer congruentes la normativa y los lineamientos de políticas y programas dirigidos a la niñez.

UNICEF promueve el desarrollo de un cuerpo normativo acorde con las nuevas tendencias jurídicas universales y, desde el diseño de una política pública que garantice la igualdad material de todos los niños y niñas, sin distinción de raza, color, sexo, ubicación geográfica, condición física, social, familiar o económica y, que permita localizar la acción para aquellos y aquellas que tengan una mayor desventaja social o se encuentren en situación de riesgo por cualquier factor.


2. ¿Por qué los niños y niñas NO deben trabajar?

El trabajo infantil perpetúa el ciclo cruel de la miseria. Por una parte, es el símbolo de una pobreza mundial generalizada y profundamente arraigada. Por otra parte, como este tipo de trabajo suele privar a los niños y las niñas de instrucción, les niega una buena salud y les somete frecuentemente al abuso psicológico y físico, refuerza la pobreza al impedir a una nueva generación de niños y de niñas alcanzar una mínima parte de su potencial.

UNICEF aboga por la protección del niño y de la niña contra todo tipo de explotación y de acuerdo con el Art. 32 de la CDN los Estados partes deben reconocer el derecho del niño “ a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.

Por esta razón, UNICEF considera conveniente distinguir entre el trabajo infantil (menores de 15 años de acuerdo a la propuesta que se ha venido discutiendo en Colombia y el trabajo de los adolescentes (entre 15 y 18 años). Para el primer grupo debe insistirse en la prioridad de la escolaridad y promover la erradicación progresiva de todo tipo de trabajo, para el segundo grupo es indispensable fortalecer el derecho a la educación y formación para la vida y el trabajo e introducir medidas específicas de protección para los adolescentes autorizados para trabajar.



3. ¿Por qué debe incluirse la parte correspondiente a Menores Infractores –Responsabilidad Penal Juvenil- ?

La Justicia para los adolescentes infractores necesita hoy más que nunca la aplicación de principios indispensables para garantizar la imparcialidad y el respeto de su dignidad, como son: la doble instancia, la favorabilidad, la presunción de inocencia, el internamiento como ultima ratio, la aplicación de métodos alternativos de solución de conflictos y la valoración objetiva de la prueba, entre otros.

Acogemos con beneplácito la iniciativa de realizar los ajustes legislativos, pero manifestamos nuestro convencimiento de que esta reforma ha de hacerse con una perspectiva de integralidad, en el marco de una Ley Integral de Infancia y adolescencia como el que actualmente está en proceso de elaboración bajo el liderazgo del ICBF y con amplia participación de la Alianza por la Infancia

Creemos que los principios mínimos de la perspectiva jurídica para el caso de los adolescentes infractores han de incluir, entre otros, los siguientes aspectos:

1. La legislación debe adecuarse a las disposiciones de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

2. La conducta antijurídica de los niños y jóvenes debe ser sometida a un régimen jurídico especial de carácter integral y autónomo.

3. Reconocimiento expreso a todos los menores de 18 años de todas las garantías constitucionales aplicables a los adultos.

4. Reconocimiento expreso del derecho del niño a que se establezca un sistema que fomente su sentido de la dignidad personal, el respeto a los derechos humanos de terceros y su integración social.

5. Exclusión de cualquier forma de aplicación de medidas privativas de libertad por aquellas conductas que no son punibles para adultos.

6. Procedimiento que respete los principios de jurisdiccionalidad y del debido proceso; que atienda al desarrollo integral del niño; que permita educar al joven infractor en la responsabilidad de sus propios actos.

7. Reconocimiento del derecho de los niños a la defensa jurídica obligatoria, gratuita y especializada.

8. El sistema especial de responsabilidad penal juvenil es aplicable a menores entre los 14 o 15 y 18 años.

9. Las medidas a aplicar por los jueces deben ser específicas y destinadas a la integración social del joven, excluidas las medidas indeterminadas, y basándose en criterios de proporcionalidad.

10. El Juez podrá declarar que la medida es innecesaria y ponerle término anticipado o sustituirla cuando la finalidad de integración lo exija.

11. Existencia de un catálogo amplio de medidas que contenga alternativas en libertad, semilibertad y régimen de privación de libertad para casos excepcionales.

12. Regulación estricta de las condiciones, duración y objetivos de las medidas privativas de libertad, las que deberán ser evaluadas judicialmente en forma periódica, las que en ningún caso pueden transformarse en medidas degradantes.

13. Se necesita igualmente de mecanismos para perseguir y sancionar severamente a quienes utilicen al adolescente para la comisión de conductas delictivas en virtud de su particular tratamiento y estado de vulnerabilidad.

En el pensamiento contemporáneo predomina una postura a favor de un derecho penal mínimo para adolescentes, articulado con una política de protección de sus derechos, cuyo contenido sea una oferta amplia de ayuda para la superación de sus dificultades personales, familiares y sociales: mínima intervención penal y máxima oferta de ayuda. La efectividad de estas nuevas visiones depende de otras reformas relacionadas con el universo de las políticas sociales: la promoción del desarrollo y de la integración familiar, escolar y social de los niños y los adolescentes. La disminución de la delincuencia juvenil precisa de la creación de oportunidades para su integración y competividad en la sociedad. Por ello, la perspectiva básica no consiste tanto en el control penal de adolescentes (preocupación dirigida a los resultados), cuanto a la promoción y la protección de sus derechos, de su desarrollo y de su integración (acción que atiende a las causas).

UNICEF se inclina por la construcción de un marco jurídico integral sobre infancia y adolescencia, bajo el convencimiento de que la puesta en práctica de una Ley requiere de un marco de condiciones objetivas para que pueda aplicarse. Para que el ajuste legislativo referido al tratamiento de la Responsabilidad de los Adolescentes pueda ser aplicado en la práctica se requiere que el conjunto del Marco legislativo sea coherente con la perspectiva de la Convención: Todos los derechos para todos los niños y adolescentes sin discriminación.


4. ¿Y cómo afrontar el tema de las Adopciones?

La Convención sobre los Derechos del Niño, que guía el trabajo de UNICEF, claramente establece que todo niño tiene el derecho a conocer y recibir cuidado de sus propios padres siempre que fuere posible reconoce explícitamente el valor e importancia de las familias en las vidas de los niños, en esta perspectiva UNICEF cree que las familias que necesitan apoyo o asistencia especial para proveer cuidado a sus niños deberían recibirlo, y que los medios alternativos para el cuidado de un niño debieran ser sólo ser considerados cuando, a pesar de esta asistencia o apoyo, la familia del niño no está disponible, es incapaz o carece de voluntad para cuidar al niño o la niña.

Para los niños que no pueden ser educados por sus propias familias, un adecuado entorno familiar alternativo debe ser contemplado con preferencia frente a un cuidado bajo régimen de guarda institucional, que debería ser utilizado como un último recurso y como una medida transitoria o temporal.

La adopción internacional es una de las opciones alternativas de cuidado/protección abiertos para la niñez, para aquellos niños-as que individualmente no pueden ser cuidados en un medio familiar permanente o estable en sus países de origen. En cada caso, el interés superior del niño, considerado individualmente, deberá ser el principio rector para adoptar una decisión en términos de una adopción.

Muchos países alrededor del mundo han reconocido los riesgos de la adopción y han ratificado el Convenio de la Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional. UNICEF apoya enfáticamente este instrumento internacional, el cual fue diseñado para poner en práctica los principios relativos a las adopciones internacionales contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos incluyen el asegurar que la adopción sea autorizada únicamente por las autoridades competentes, que las adopciones internacionales cuenten con al menos las mismas salvaguardas y reglas que aplican para las nacionales, y que la adopción internacional no conlleve la obtención de beneficios económicos indecorosos o deshonestos para aquellas personas relacionadas en el proceso.

El caso de los niños separados de sus padres y comunidades en tiempos de guerra, conflicto armado o desastres naturales amerita especial atención. No se puede presuponer que estos niños no tienen padres o parientes. Incluso si ambos progenitores hubieran muerto, es evidente que existen las posibilidades de encontrar parientes vivos, una comunidad y un hogar para retornar después de que el conflicto se calme o el desastre sea mitigado. Por lo tanto, esos niños no deberían ser considerados para adopción internacional y la prioridad debería ser la localización o rastreo de las familias. Esta posición es compartida por UNICEF, ACNUR, el CICR y organizaciones no gubernamentales como la Alianza Save the Children.


5. ¿Por qué la Ley debe incluir algunos lineamientos de Política Pública?

Finalmente, en el ámbito nacional, y en desarrollo del ejercicio de adecuación y actualización normativa, es indispensable desarrollar dentro del marco jurídico, los lineamientos de una política pública que se ajuste al paradigma de la protección integral de la niñez. No se trata de desarrollar exhaustivamente las políticas públicas sobre niñez y adolescencia en el texto del Código, sino de dejar abiertos los caminos, plantear los criterios para su construcción y plantearle a las autoridades regionales y locales el reto de actualizar la situación de la niñez en sus departamentos y municipios para darle prioridad a los asuntos más urgentes y relevantes.


 




 
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